Por Federico Aguilera Klink.

Las Islas Canarias tienen casi la mitad de su territorio bajo protección legal debido a la importancia de sus espacios naturales. Sin embargo el Gobierno Autonómico apenas dedica presupuesto para la protección real de estos espacios y tampoco muestra excesivo interés en aplicar las leyes ambientales. Además, la política económica en Canarias está demasiado orientada hacia la construcción de nuevas infraestructuras como carreteras, puertos, nuevas pistas de aeropuertos, plantas de incineración, desaladoras, etc., cuyo impacto ambiental es muy elevado, de manera que apenas hay protección real de los espacios naturales, a la vez que el estilo (insostenible) de desarrollo fomenta el deterioro ambiental.

¿Cómo es percibida esta situación por los ciudadanos? Resulta interesante destacar que el deterioro ambiental es percibido como un resultado de la degradación de la democracia debido a la manera en la que se toman las decisiones sin debate público y sin participación ciudadana real. Es más, parece claro que el Gobierno en Canarias, sea a nivel autonómico, insular o local, excluye o ignora deliberadamente la participación pública. Por eso los ciudadanos consideran que las instituciones formalmente democráticas son ceremoniales o vacías ya que al no dar una respuesta clara a los problemas ambientales, ni prevenirlos, las instituciones se convierten en las principales causas de estos problemas, como señala el Informe de la Fiscalía de Medio Ambiente de Gran Canaria en 2001.

Una mayoría de los ciudadanos reconoce que el rechazo a los proyectos de infraestructuras no es una cuestión personal o egoísta, es decir, no se trata de “que no me la pongan cerca” o de “que a mí no me moleste”. Al contrario, se trata de un rechazo a la manera de decidir las soluciones, que es considerada autoritaria, al ignorar a la gente. Así pues lo que constatamos es un rechazo “argumentado” y que se basa, al menos, en tres aspectos. El primero se refiere a lo que podemos llamar “No, a esta manera de tomar soluciones” (Así no, porque hay otras maneras de hacerlo). El segundo es un rechazo de carácter positivo por lo que su expresión sería “Sí, si las decisiones se toman de manera democrática” (Así, sí). El tercer aspecto, que es el que más molesta a los políticos, consiste en que son los propios ciudadanos, sin financiación pública, los que son capaces de “presentar soluciones reales de mejor calidad técnica” que las presentadas por las propias instituciones públicas. Algo que no nos tiene que extrañar.

La razón de esta calidad de las soluciones radica en que los ciudadanos se preguntan previamente lo que no se preguntan estas instituciones, es decir, ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? Y presentan soluciones alternativas, mientras que las instituciones públicas ofrecen una “supuesta solución” sin aceptar debatir públicamente cuál es el problema que “supuestamente” quieren resolver. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Esto es de hecho lo que ha pasado con Vilaflor, Granadilla, la incineradora de Arico, las plantas de gas,…etc. En todos estos casos los ciudadanos hemos demostrado que podemos ofrecer mejores soluciones técnicas, definiendo previamente los problemas y, además, aceptando debatirlos en público. Así lo reconoció Adán Martín después de la manifestación contra el tendido de Vilaflor felicitando a los ciudadanos por su conciencia colectiva, afirmando “…el encargo que tiene Red Eléctrica Española es buscar otra solución alternativa al primitivo trazado. Ese es el mandato que nos dieron los ciudadanos” (Atlanticocanarias.com, 14.05.03). ¿Por qué no se ha cumplido este mandato? ¿Por qué este mandato no se acepta con el Puerto de Granadilla? ¿Por qué ese miedo a las propuestas ciudadanas más viables? ¿Quién sale perjudicado? ¿Quién se beneficia? ¿Por qué este atropello a la democracia en nombre de un supuesto interés público de primer orden? ¿Qué es lo que es de interés público?

Lo que está ocurriendo, en definitiva, como ya mostró con claridad el Informe de Recursos Mundiales de 2004, editado por el Instituto de Recursos Mundiales, es simplemente que “La forma en que adoptamos las decisiones y quién las adopta a menudo determina lo que decidimos”. Esta es la realidad. Por cierto que no está de más recordar que, en el prólogo a este Informe, escribe la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, lo siguiente. “…la mala gestión de los recursos naturales aumenta la marginación de los pobres y provoca el desencuentro entre gobernantes y gobernados, degenerando, en muchos casos, hacia una institucionalización de la corrupción. A esto quiero añadir una reflexión personal: no hay mayor amenaza para el medio ambiente que la demagogia, es decir, el engaño a los ciudadanos, el ocultismo intencionado de datos y decisiones, la manipulación interesada de la situación real de los recursos naturales y de las alternativas que existen para explotarlos adecuadamente, …” (p. VII). ¿No les suena muy cercano todo esto?.