La Casa del Río de Cornellana, uno de los proyectos ejecutados con cargo al plan turístico de la Comarca Vaqueira. :: I. GÓMEZ

 Más de dos horas estuvo ayer el consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, contestando a las preguntas de los grupos parlamentarios sobre la gestión de los 1,8 millones de euros del Plan de Dinamización Turística desarrollado por la Mancomunidad Comarca Vaqueira entre 2007 y 2010. Tras una larga cita de cifras y resoluciones, que provocaron incluso que algún parlamentario perdiera el hilo del relato, quedaron claras dos cosas. Por un lado, que el Principado ha pedido la devolución de unos 511.000 euros de los 600.000 que aportó al proyecto por considerar que las inversiones no están debidamente justificadas. Por otro, que la ejecución de dos avales ha cubierto parte de la cuantía solicitada y que la deuda actual de la Mancomunidad con el Gobierno regional supera los 85.000 euros.

A esta cifra se suma la solicitada por la Secretaría de Estado de Turismo, tercer pilar del plan turístico, que ha revocado ayudas concedidas por un valor superior a los 463.000 euros por entender también que las inversiones no han sido acreditadas de acuerdo a lo estipulado.

El parlamentario de Foro Juan Ramón Campo, que calificó la gestión del proyecto como «el mayor desfalco de dinero público del Occidente», requirió al consejero en varias ocasiones para que apuntara a los responsables de la situación -que está siendo fiscalizada por el Tribunal de Cuentas-, pero Torre insistió en que «no me corresponde a mí exigir responsabilidades».

Además, como también subrayó el diputado socialista Alejandro Vega, no se está poniendo en duda la ejecución de las inversiones acordadas en la comisión de seguimiento (integrada por las tres administraciones que financiaban el plan), sino su justificación. A este respecto, Vega hizo también hincapié en que «hay discrepancias» en los informes de los funcionarios con respecto a la acreditación de las cuentas.

Responsabilidades

El popular Matías Rodríguez Feito, por su parte, puso el acento en las repercusiones que la devolución de las ayudas tendrá sobre las arcas de los concejos implicados (Allande, Salas, Tineo y Valdés), ya que podrían tener que asumir de forma subsidiaria los pagos requeridos a la Mancomunidad. Este extremo tampoco está claro, como señaló ayer el presidente del ente, Marcos da Rocha: «Los avales fueron concedidos a la Mancomunidad», y sus cuentas están embargadas.

La posición de los ayuntamientos es algo que, según indicó, tendrá que estudiarse, al igual que el pedir responsabilidades a otras administraciones: «¿Por qué al ministerio le valían las justificaciones y no dijo nada hasta este año?», lanzó, en consonancia con una pregunta formulada por Ángel González desde IU, que instó al Principado a «personarse donde toque» para defender «el destino adecuado de los fondos públicos»

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