LIDIA ÁLVAREZ | SALAS.

El Ministerio de Fomento asegura que «se hace un seguimiento continuo del estado de conservación» de las obras en ejecución, como las de la autovía Oviedo-La Espina (A-63), paralizadas desde 2010. Desde el Gobierno no prevén «que sean necesarias obras de gran envergadura, ni mucho menos demoliciones», en las infraestructuras ya construidas. Fomento responde así al diputado Gaspar Llamazares (IU) que, en enero, presentó en el Congreso una batería de preguntas para conocer qué medidas se preveían adoptar para evitar el deterioro de la infraestructura ante la paralización de las obras, apuntando que el paso del tiempo sin actividad y los efectos de la climatología pueden provocar daños que, al reanudar los trabajos, obliguen a demoler lo construido, duplicando el gasto.

La respuesta no satisface a Llamazares que cree que el ministerio niega que se produzca deterioro en las infraestructuras ya construidas «sin aportar ningún dato que avale lo contrario». Critica además que en su contestación, el Gobierno no se pronuncie sobre los plazos de ejecución: «Ni una palabra nueva ni un compromiso con Asturias», subrayó. En el escrito, el ministerio se limita a señalar que «la actuación fue paralizada en 2010 por la reprogramación de obras promovida por el Gobierno durante la anterior legislatura» y que «está previsto retomar las obras de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias».

Los tramos pendientes en la autovía son tres: Doriga-Cornellana, presupuestado en 47 millones y ejecutado al 47%; Cornellana-Salas, que cuesta 89 millones y está al 39%; y la segunda calzada de Salas-La Espina, interrumpida cuando se habían invertido 25 de los 38 millones en los que está estimada. Según Llamazares, la inversión se ha ido recortando en los presupuestos, «de tal forma que para 2014 se prevé un volumen equivalente a hace 25 años».

El diputado también está preocupado por las expropiaciones temporales y la posibilidad de que, al retomar los trabajos, haya que pagar de nuevo. El ministerio se limita a señalar que está regulado por ley y que «el Gobierno estará a lo que establezca la legislación vigente», respetando los derechos de los afectados.

http://www.elcomercio.es/v/20140404/occidente/fomento-descarta-demoler-obras-20140404.html